La paciencia en el corazón de Los Mina se ha agotado. Lo que comenzó como un rumor de pasillo en los colmados y esquinas de este populoso sector de Santo Domingo Este, se ha transformado en un grito de guerra civil tras el vil asesinato de Naurel Nizael Medina, un adolescente de apenas 14 años el pasado 4 de febrero. La comunidad, cansada de que sus calles se conviertan en tierra de nadie, ha decidido tomar el toro por los cuernos ante la evidente incapacidad del Estado para regular la presencia de extranjeros indocumentados en la zona.
Durante una masiva manifestación que recorrió las arterias principales de Los Mina, la organización Antigua Orden Dominicana (AOD) lanzó un ultimátum que ha puesto a temblar la tranquilidad aparente del municipio: diez días. Ese es el plazo otorgado para que los haitianos en situación irregular abandonen el sector de manera voluntaria. Ángelo Vásquez, líder del movimiento, fue cortante al señalar que, de no cumplirse este periodo, los mismos ciudadanos procederán a realizar censos y verificaciones casa por casa para asegurar que la ley migratoria se cumpla donde las autoridades han fallado.
La investigación de campo realizada para este reporte revela una herida profunda en las familias de Los Mina. Víctor Medina, padre del joven asesinado, no solo exige que los culpables paguen con cárcel, sino que demanda una limpieza profunda en el sector. Para los residentes, la muerte de Naurel no fue un simple “atraco”, sino la gota que derramó el vaso en un entorno donde la invasión pacífica y la inseguridad caminan de la mano ante la mirada indiferente de los cuarteles y las oficinas de Migración.
Sin embargo, lo que resulta verdaderamente asqueante es el papel que han jugado los grandes medios de comunicación en este conflicto. Es necesario denunciar que la mayoría (o prácticamente NINGUNO) de los principales periódicos de circulación nacional en la República Dominicana han hecho una reseña digna sobre este levantamiento popular en Los Mina. Este silencio sepulcral evidencia, una vez más, que estas corporaciones mediáticas NO ESTÁN CON EL PUEBLO. Sus plumas y sus cámaras parecen estar vendidas a intereses de organismos internacionales y agendas de poder que se benefician del desorden migratorio, dándole la espalda al dominicano de a pie que sufre la violencia en carne propia.
Mientras los dueños de los grandes diarios se sientan en sus oficinas de lujo, en Los Mina se vive una realidad de miedo y abandono. Esta falta de cobertura no es casualidad; es una estrategia para invisibilizar el clamor de un pueblo que exige soberanía en su propio barrio. Al callar lo que sucede en Los Mina, la prensa tradicional se convierte en cómplice de la tragedia y en enemiga de la verdad que se respira en cada rincón del municipio, donde la gente ya se cansó de esperar soluciones que nunca llegan por la vía oficial.
La hermana del fallecido, Nazaury Medina, ha sido una de las voces más firmes al reclamar que, de no existir una saturación de indocumentados en su entorno, su hermano hoy estaría vivo. Este sentimiento es compartido por miles en Los Mina, quienes ven cómo el tejido social se degrada mientras las autoridades se hacen de la vista gorda. La marcha, cargada de banderas tricolores, no solo fue un acto de luto, sino un ejercicio de autoridad comunitaria frente a un sistema que parece trabajar en contra del ciudadano nacional.
Expertos en seguridad ciudadana coinciden en que el fenómeno de Los Mina es un reflejo de un “Estado fallido” en materia de control fronterizo y habitacional. No se trata de un simple conflicto entre vecinos, sino de una demanda de respeto a la Constitución Dominicana en el territorio más básico: el hogar. Si las autoridades no intervienen en el plazo establecido por los comunitarios, el escenario en Los Mina podría escalar a niveles de confrontación que los medios vendidos intentarán ocultar, pero que el pueblo dominicano conocerá a través de las redes y la prensa independiente.
En definitiva, Los Mina ha marcado una raya en el suelo. La memoria de Naurel Nizael Medina se ha convertido en el estandarte de una lucha que busca devolverle la paz a un sector que históricamente ha sido combativo. La pregunta que queda en el aire es: ¿Esperarán las autoridades a que se cumpla el plazo de diez días, o seguirán permitiendo que el caos dicte las reglas en uno de los barrios más grandes e importantes del país?
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