Si abandonaste Haití alegando que escapabas del dominio de las pandillas, surge una interrogante inevitable cuando en redes sociales terminas defendiendo o idealizando a Jimmy Chérizier, conocido como “Barbecue”.
¿El problema era realmente la violencia… o era quién tenía el control?
Haití atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia reciente. Sectores enteros de Puerto Príncipe han sido tomados por grupos armados, los secuestros se convirtieron en industria y comunidades completas han sido desplazadas. En ese escenario, la figura de Chérizier —ex policía y líder de la federación de pandillas G9— se ha transformado en un emblema del colapso institucional.
Miles de haitianos han salido del país asegurando que huyen del terror. Y esa tragedia es real. Lo que resulta difícil de comprender es que, paralelamente, en plataformas digitales aparezcan discursos que suavizan, justifican o hasta glorifican a quienes simbolizan ese mismo terror.
No es común ver campañas virales de influencers haitianos encarando directamente a los jefes de bandas para exigirles que detengan los asesinatos indiscriminados. No abundan videos reclamando a esos líderes armados por los barrios incendiados ni por los civiles ejecutados. Ese tipo de firmeza pública brilla por su ausencia.
En cambio, cuando ocurre una deportación, una detención o cualquier fricción en República Dominicana, la reacción digital es inmediata: transmisiones en vivo, comunicados, denuncias internacionales, llamados a sanciones. La indignación se organiza con rapidez y obtiene eco global.
Pero cuando en Haití las pandillas siembran el miedo, destruyen viviendas y asesinan inocentes bajo estructuras vinculadas a figuras como Chérizier, el volumen baja. No hay la misma tendencia mundial. No existe la misma presión constante. Y ahí surge otra pregunta incómoda: ¿los derechos humanos se defienden según el territorio?
Algunos simpatizantes presentan ciertos postulados atribuidos a estos liderazgos armados como si fueran reivindicaciones nacionalistas: “Haití para los haitianos”, expulsión de extranjeros, rechazo a empresas capitalistas, justicia social radical, una especie de revolución al estilo caribeño. Sin embargo, cuando esas consignas se imponen mediante fusiles y terror, dejan de ser discurso ideológico y pasan a ser coerción violenta.
Romantizar ese modelo ignora que quienes pagan el precio son los ciudadanos más pobres de Haití. No se trata de teoría política, sino de vidas humanas atrapadas entre armas largas y ausencia de Estado.
En República Dominicana, algunos activistas digitales se expresan con dureza contra políticas migratorias y decisiones soberanas, incluso llegando a discursos provocadores o amenazantes. Esa libertad existe porque hay instituciones que, con todas sus limitaciones, garantizan orden y marco legal.
Cuestionar medidas estatales es válido. Defender derechos fundamentales es necesario. Pero la coherencia exige que la misma energía se utilice para denunciar a quienes mantienen secuestrado a Haití desde dentro.
La vida de un haitiano en Puerto Príncipe debería generar la misma —o mayor— indignación que cualquier debate migratorio en Santo Domingo. No puede haber defensa selectiva según convenga al relato. La justicia no funciona por conveniencia geográfica.
La reconstrucción de Haití no se logrará señalando permanentemente a países vecinos mientras se evita confrontar a los actores armados que controlan barrios y carreteras. El verdadero compromiso implica enfrentar la raíz del colapso interno.
Porque al final, la contradicción permanece: no se puede escapar del caos alegando miedo y luego justificar a quienes lo producen.
